Las inspecciones se realizan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y fines de semana, precisamente cuando se detectan más irregularidades.

Además del alta en la Seguridad Social, se vigila que los trabajadores cuenten con la documentación necesaria y que no existan situaciones de empleo sin autorización.

Las sanciones en estos casos pueden ser muy elevadas y acumularse si se detectan varios incumplimientos simultáneos.

Contratos, cotización y aplicación de convenios

La correcta aplicación de los convenios colectivos es otro de los puntos bajo supervisión. La Inspección revisa que las bases de cotización se ajusten a lo establecido y que los salarios declarados coincidan con lo que marca el convenio correspondiente.

También se intensifican los controles sobre los registros de jornada, especialmente en contratos a tiempo parcial, donde es frecuente detectar irregularidades.

El uso de cruces de datos permite identificar discrepancias entre lo declarado y lo realmente trabajado, lo que facilita la apertura de expedientes sancionadores incluso sin denuncia previa.

Este tipo de actuaciones se extiende de forma transversal a todos los sectores, ya que no responde a una actividad concreta sino a patrones de incumplimiento que se repiten en distintos ámbitos económicos.

El fraude en prestaciones, una de las infracciones más graves

Una de las situaciones con mayores consecuencias para las pymes es la colaboración, directa o indirecta, en el acceso indebido a prestaciones por desempleo.

Cuando se detecta que un trabajador percibe el paro mientras mantiene actividad laboral, la empresa puede ser considerada responsable solidaria.

En estos casos, además de la sanción administrativa, se exige la devolución íntegra de las cantidades percibidas indebidamente. Si el trabajador no puede asumir ese pago, la empresa queda obligada a hacerlo, lo que puede suponer un golpe económico muy difícil de asumir para un pequeño negocio.

Este tipo de actuaciones se investigan de forma conjunta con otros organismos y suelen descubrirse a través de comprobaciones cruzadas o declaraciones del propio trabajador.

Sanciones que pueden comprometer la viabilidad del negocio

Más allá de las multas administrativas, uno de los elementos más desconocidos por las pymes es el recargo de prestaciones derivado de accidentes laborales.

Cuando se demuestra que no se han aplicado las medidas de seguridad exigidas, la empresa debe asumir un recargo de entre el 30% y el 50% de todas las prestaciones económicas que reciba el trabajador afectado.

Este recargo se abona de una sola vez y puede alcanzar cifras muy elevadas, especialmente en accidentes graves o con secuelas permanentes. En estos casos, el impacto económico puede comprometer seriamente la continuidad del negocio, ya que no es asegurable ni fraccionable.

Muchas pymes desconocen aún el alcance real de estas responsabilidades, lo que las sitúa en una posición de alto riesgo ante cualquier incidente.